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Jueces liberan a más de 100 delincuentes en México: SSPC alerta sobre decisiones judiciales preocupantes

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció que jueces han liberado a más de 100 delincuentes entre 2024 y lo que va de 2025. En su informe de seguridad, destacó que se han registrado 193 decisiones judiciales que han favorecido a presuntos criminales mediante traslados, liberaciones y cambios de medidas cautelares. Además, señaló que 27 traslados de personas privadas de la libertad se realizaron sin cumplir con las formalidades del proceso.


 

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch expuso que al menos 42 jueces han emitido resoluciones que han permitido la liberación de delincuentes, algunos de ellos vinculados a organizaciones criminales. Entre las decisiones más preocupantes, mencionó 164 egresos por cambio de medida cautelar y 12 egresos definitivos, lo que ha significado el regreso de más de 100 delincuentes a las calles.


 

El secretario también destacó que, desde octubre de 2024 hasta mayo de 2025, el gabinete de seguridad ha detenido a más de 20 mil personas y asegurado más de 10 mil armas de fuego. Además, se han destruido 896 laboratorios de drogas en 19 estados, afectando económicamente a organizaciones criminales. En el operativo Frontera Norte, se han decomisado más de 30 toneladas de droga, incluyendo más de un millón de pastillas de fentanilo.


 

García Harfuch subrayó que estas decisiones judiciales han sido tomadas a pesar de que las autoridades penitenciarias consideraron no viables los traslados, ya que los reclusos estaban vinculados a delitos de alto impacto como secuestro, homicidio y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. También mencionó casos específicos de jueces que han favorecido a criminales con resoluciones polémicas.


 

El informe de seguridad presentado por el secretario busca generar conciencia sobre la necesidad de revisar las decisiones judiciales que afectan la seguridad pública y garantizar que las medidas cautelares sean aplicadas de manera adecuada para evitar la reincidencia delictiva.